Violencia contra las mujeres: ¿qué está fallando en la prevención?
La violencia de género continúa siendo una preocupación para el país en lo que va del año. Según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), se han reportado casos con características de feminicidio durante 2026. Las mujeres de entre 18 y 29 años representan el grupo con mayor proporción de casos, con 43,3 %, seguidas por aquellas de entre 30 y 59 años, con 39,6 %.
Estos datos evidencian los desafíos que persisten en la respuesta institucional y en los mecanismos de prevención temprana. Entre los factores que pueden dificultar la atención se encuentran la falta de articulación entre los organismos responsables y las barreras socioeconómicas que enfrentan algunas víctimas al momento de denunciar.
Además, pueden existir asimetrías de poder históricas y una normalización de la violencia de género, lo que plantea importantes retos para las entidades encargadas de prevenir y atender estos casos, según explica la Dra. Julia Martínez Candado, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades.
“Las instituciones tienen el gran reto de transformar los datos territoriales en políticas públicas anticipatorias, fortaleciendo el tejido social y económico del departamento para reducir la vulnerabilidad de las mujeres”, señala.
Según analiza la Dra. Martínez Candado, uno de los mayores obstáculos en esta cadena institucional se presenta cuando la víctima intenta buscar ayuda. Factores como la dependencia económica, la falta de información sobre las rutas de atención, la normalización de ciertos comportamientos violentos y el temor a la revictimización pueden dificultar estos procesos.
Para contrarrestar esta situación, la especialista plantea descentralizar la atención y acercar los servicios de denuncia directamente a los barrios, además de garantizar un acompañamiento psicológico y jurídico simultáneo e integral. También considera necesario asegurar que el primer contacto con la administración pública se desarrolle en un espacio de confianza.
Asimismo, existen señales que pueden alertar a las instituciones, como la escalada de la violencia psicológica, el control coercitivo, los antecedentes de maltrato intrafamiliar, el aislamiento social progresivo o las amenazas tras una separación.
Si el Estado articula estos indicios con las valoraciones de riesgo realizadas por las entidades competentes, es posible intervenir de manera temprana antes de que la agresión escale a un escenario fatal. Sin embargo, la respuesta judicial resulta insuficiente si no se fortalecen los mecanismos de prevención y atención de manera integral.
“En este punto, es de vital urgencia y de máxima importancia implementar una formación especializada y continua en materia de violencia de género”, recomienda la experta de VIU. “Esta formación innegociable debe darse en dos vías: para los operadores jurídicos y funcionarios (jueces, fiscales y policías), para aplicar la perspectiva de género sin sesgos, y para la sociedad civil, en escuelas y entornos comunitarios. Sin esta formación especializada, la respuesta judicial siempre llegará tarde. La educación es la verdadera garantía de no repetición”.
A este panorama se suma la incorporación de herramientas de LegalTech e inteligencia artificial como recursos para agilizar determinados procesos. Su uso podría contribuir a priorizar denuncias de acuerdo con criterios de riesgo y, en materia preventiva, analizar datos históricos para orientar acciones en zonas vulnerables.
Asimismo, la tecnología podría facilitar la generación de alertas y la gestión de medidas de protección, permitiendo que los funcionarios concentren mayores esfuerzos en la atención directa de las víctimas.
No obstante, el uso de estas herramientas debe desarrollarse bajo un modelo de supervisión humana (human-in-the-loop), acompañado de auditorías y mecanismos de evaluación que permitan identificar y evitar la reproducción de sesgos históricos.
“Para generar un impacto positivo en el corto y medio plazo, las acciones institucionales pasan por crear un sistema unificado y en tiempo real que conecte a la Fiscalía, comisarías de familia, Medicina Legal y Policía para trazar el nivel de riesgo exacto de cada mujer que pide ayuda”, detalla la experta. “Después, desplegar inmediatamente la capacitación especializada en perspectiva de género y, en tercer lugar, implementar herramientas tecnológicas que automaticen las alertas de riesgo y agilicen la emisión de medidas de protección eficaces”.
El llamado es a reforzar la articulación institucional para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, mediante una mayor capacitación de los profesionales del sistema de justicia, mecanismos de atención accesibles y un uso responsable de la tecnología que contribuya a construir entornos más seguros y humanos.
